San José: Sí se puede salvar

Hay una afirmación que circula desde hace décadas: que San José fue “la tercera ciudad del mundo en tener alumbrado eléctrico público, primera de América Latina”. Ese dato es falso. Londres (1878), Ciudad de México (1881), Kimberley (1882), Santiago y Caracas (1883) la precedieron. Lo documentado: fue la primera capital centroamericana, el 9 de agosto de 1884.

La mayor parte del San José histórico — el Teatro Nacional, Barrio Amón, el Mercado Central — se construyó en cincuenta años impulsados por el dinero del café. Las élites cafetaleras exportaban grano y al mismo tiempo una imagen de modernidad con referencia explícita en Europa. El Congreso decretó la construcción del Teatro Nacional cuando San José tenía menos de 20,000 habitantes. La apuesta era aspiracional: la ciudad buscaba ser reconocida como el tipo de capital que exhibe un Teatro Nacional.

El Censo de Población 2000 documentaba hasta dónde había llegado el vaciamiento residencial: el distrito Carmen tenía apenas 2,989 personas mayores de 12 años, con el 86.3% asalariadas. Carmen en 2000 era un distrito de personas que llegaban a trabajar de día, no un barrio donde vivía alguien.

Para 2011, los cuatro distritos centrales tenían 47,165 personas en 9.47 km². Un espacio que a principios del siglo XX concentraba la vida económica y social del país operaba como zona comercial de día y permanecía deshabitado de noche.

Santiago de Chile enfrentó un deterioro similar en su centro histórico. Entre 1991 y 2005, implementó el Subsidio de Renovación Urbana: el 48% de los subsidios entregados produjo repoblamiento efectivo del área central. San José no desplegó un mecanismo de esa escala. Los censos confirman que las intervenciones que sí existieron no alcanzaron para revertir la tendencia.

El vaciamiento comenzó antes de que existiera un solo mall. Las élites josefinas descubrieron el suburbio desde los años cuarenta. Los Yoses, Rohrmoser, La Sabana fueron el equivalente josefino del sueño suburbano: casas con jardín, alejadas del ruido del centro.

El tranvía desapareció por competencia de mercado. Los autobuses privados ofrecieron tarifas más bajas y el sistema no recibió inversión para modernizarse. Lo que siguió fue una ausencia de política: ningún sistema estructurado de transporte público lo reemplazó.

El impacto de los malls sobre el comercio del centro josefino es cuantificable con el Directorio de Empresas y Establecimientos del INEC, que registra empresas formales por distrito desde 2008.

La gestión del espacio urbano del cantón se reparte entre nueve instituciones con competencias superpuestas y sin mecanismo de coordinación obligatoria: MSJ, MOPT, AyA, ICE/CNFL, INVU, SETENA, INCOFER, Ministerio de Cultura, PRUGAM/POTGAM. La municipalidad repavimenta un tramo, el AyA lo abre semanas después para tuberías, el MOPT interviene el mismo segmento para señalización. Cada institución actúa dentro de su mandato. El efecto acumulado, desde la acera, es de desorden permanente.

Esta investigación obtuvo las liquidaciones presupuestarias de la MSJ desde 1990 hasta 2014 vía Ley 8220 — una serie de 25 años que permite analizar la ejecución a lo largo de todo el período de deterioro. El superávit que aparece corresponde al superávit libre: plata sin destino específico asignado, sobre la que la municipalidad tiene discrecionalidad total.

Ante el deterioro visible del centro josefino, es común atribuir el problema a falta de recursos. La comparación regional dice otra cosa.

Costa Rica tiene el gasto municipal per cápita más alto de Centroamérica y la mayor proporción de recursos propios. Al mismo tiempo, es uno de los países menos descentralizados de la región: el 4.2% del gasto nacional es municipal, frente al 6.8% del promedio centroamericano.

Las Plataformas de Valores de Terrenos del Ministerio de Hacienda establecen el valor fiscal oficial del suelo. Esta investigación obtuvo las plataformas del Cantón 01 San José para 2008, 2014 y 2021. La dirección de la tendencia es más significativa que los valores absolutos.

Johnny Araya gobernó la MSJ durante aproximadamente treinta años, con una única interrupción entre 2013 y 2016. El dato apunta a un problema estructural de rendición de cuentas: en treinta años, el electorado reeligió cuatro veces al mismo alcalde mientras el centro perdía valor, residentes y actividad.

Cuando se amplía la capacidad vial, el tráfico crece hasta llenarla. El fenómeno se llama inducción de demanda. En 2003, Londres implementó el congestion charge: el tráfico cayó 20% el primer año, pero cinco años después la congestión volvió a niveles previos. Sin restricción física del espacio para carros y mejora simultánea de alternativas, ningún instrumento sostiene la reducción.

Pontevedra, con 85,000 habitantes y escala comparable al casco central josefino, eliminó estacionamientos, redujo velocidades y bloqueó rutas de paso. Resultado: 91% menos tráfico, cero muertes desde 2011, 12,000 nuevos residentes en el centro desde 2009. No construyó infraestructura nueva.

La MSJ tiene competencia sobre calles locales. Las arterias principales del centro — Paseo Colón, Circunvalación, corredor del este — son carreteras nacionales bajo competencia del MOPT. Una política coherente requiere que ambas instituciones actúen en la misma dirección. Ese mecanismo de coordinación formal no existe hoy.

La fragmentación entre las nueve instituciones responde a mandatos legales distintos. Ninguna fue diseñada para coordinar a las demás. La ejecución de capital de la MSJ — la plata en infraestructura, no en planilla — ha sido históricamente la porción más volátil del presupuesto. Un proyecto que requiere coordinar con el AyA, el MOPT y el ICE acumula más puntos de falla que uno que la MSJ ejecuta sola.

El tercer patrón opera sobre los propietarios privados. Mantener un inmueble sin desarrollar tiene un costo tributario bajo — 0.25% del valor fiscal registrado — y no tiene penalización por subutilización.

Los tres patrones coinciden: no cambian con más presupuesto municipal. El primero depende de coordinación entre MOPT y MSJ. El segundo exige una instancia con mandato real sobre proyectos compartidos. El tercero pasa por cambiar los incentivos fiscales y urbanísticos.

La Ley de Planificación Urbana 4240 le da a la MSJ facultad para establecer condiciones de construcción mediante el Plan Regulador. Una octava modificación podría exigir fachada verde y planta baja activa en nuevas construcciones del cantón central. El clima tropical costarricense hace que la vegetación crezca con mínima intervención — los costos de mantenimiento son una fracción de los de ciudades con climas fríos.

La restricción de tráfico en calles locales es competencia directa de la MSJ hoy: puede reducir velocidades, eliminar estacionamiento y crear zonas peatonales en Barrio Amón, el entorno del Mercado Central o el Teatro Nacional sin esperar coordinación metropolitana.

El patrón que más se repite en ciudades que recuperaron centros históricos es una entidad autónoma con mandato específico sobre el territorio. La Empresa del Centro Histórico de Quito, creada en 1994, produjo la renovación de 72 manzanas y 444 unidades de vivienda nueva. Su limitación: privilegió imagen sobre repoblamiento. Para San José, el mandato debería incluir explícitamente indicadores de densidad residencial. La figura legal más viable sería un fideicomiso público bajo la Ley 8131 o una empresa pública municipal.

El mecanismo de Zonas de Desarrollo Especial exoneraría de impuestos municipales por 10 a 15 años a quien construya bajo estándares definidos. El precedente es la Ley de Zonas Francas 7210. Un edificio con valor fiscal de ₡500 millones paga hoy ₡1.25 millones anuales en impuesto municipal — una exoneración de diez años sacrifica ₡12.5 millones frente a una inversión privada que fácilmente supera cientos de millones.

Lo que esta investigación no pudo verificar. La serie histórica de patentes comerciales por distrito estaba en trámite al cierre de esta publicación — si llega, se actualizará. El costo de fachadas verdes en clima tropical costarricense no tiene fuente pública verificable; el CFIA y el Instituto de Arquitectura Tropical son las fuentes correctas. El análisis costo-beneficio formal de las Zonas de Desarrollo Especial no existe y es prerequisito para cualquier propuesta legislativa responsable.