El Estado que nadie ha auditado

Esta investigación nació de una pregunta simple: ¿por qué Costa Rica, con cuatro décadas de diagnósticos sobre el Estado, no ha podido reformarlo?

No es una pregunta retórica. La evidencia sugiere que el problema no está en la ausencia de diagnósticos ni en las personas dentro del sistema, sino en algo más estructural — algo que, una vez nombrado con precisión, tiene una respuesta concreta.

Las 332 instituciones no son un monolito. Aproximadamente 70 a 80 tienen autonomía garantizada constitucionalmente — CCSS, ICE, universidades, bancos del Estado. Para fusionar o suprimir cualquiera se necesitan dos tercios de la Asamblea. Esas entidades representan entre el 20 y el 25% del total de instituciones y administran entre el 60 y el 70% del gasto público total.

En abril de 2024, la ministra de Planificación Laura Fernández Delgado bloqueó ante la Asamblea la creación del Consejo Nacional de Productividad. Su argumento: “sería la institución número 333, y duplicaría funciones con entidades que ya existen.” El diagnóstico era correcto. Las 332 instituciones que ya existían tampoco se revisaron.

El costo salarial no opera en el vacío. Los intereses de la deuda cerraron 2024 en ¢2.37 billones —el nivel más alto en 19 años, equivalente al 4.8% del PIB. El BID estima que la ineficiencia del gasto público costarricense equivale al 4.7% del PIB. Son casi exactamente lo mismo. Y ambas cifras juntas son más de tres veces lo que el Estado invierte en infraestructura en un año.

El 95% del gasto del Gobierno Central ya está preasignado antes de que comience el año fiscal. Lo que queda para decidir es casi nada.

La Contralora hizo exactamente lo que le corresponde: diagnosticar. Fusionar instituciones y reformar estructuras es responsabilidad de la Asamblea y el Ejecutivo. El CNP desechó 6 toneladas de arroz y 3.7 de frijoles entre 2022 y 2025 — productos comprados con fondos públicos y destruidos antes de llegar a ningún consumidor. Su fideicomiso llegó al 91% de capacidad consumida. La institución sigue operando sin revisión porque revisarla implicaría decidir qué hacer con ella.

El Instituto Centroamericano de Administración Pública documentó cinco causas estructurales: bloqueo político, doble resistencia (sindicatos y cúpula empresarial simultáneamente), diagnóstico sin coalición, reinicio perpetuo de cada gobierno, y el candado de los dos tercios. Todas son reales. Lo que las conecta no aparece en esa lista: todos los intentos de reforma fueron internos. El diagnóstico lo hizo el propio gobierno. La implementación quedó en manos de las mismas instituciones que debían reformarse.

Cuando el proceso es completamente interno, el sistema tiene todos los instrumentos para neutralizarlo: apelar el diagnóstico, responder con un plan de mejora en 90 días, esperar al siguiente gobierno, financiar estudios que lleguen a conclusiones más convenientes. No requiere mala fe — solo la lógica predecible de cualquier organización que percibe una amenaza a su existencia.

En enero de 2025, Ecuador redujo sus ministerios de 20 a 14 y anunció 5,000 despidos. Es una reforma real. El ahorro proyectado: 0.1% del PIB. La ineficiencia documentada en Costa Rica equivale a 4.7% del PIB. La distancia entre esos dos números es el argumento sobre el orden de magnitud del problema.

La diferencia entre este encargo y los diagnósticos anteriores no es técnica. Un informe interno puede absorberse: plan de mejora en 90 días, recurso de inconstitucionalidad, archivo con el siguiente gobierno. Un informe externo con credibilidad internacional es estructuralmente más difícil de enterrar. Requiere una respuesta pública con argumentos. Genera cobertura para quienes quieren actuar. Produce costo reputacional para quienes deciden ignorarlo.

En 2022, las cuatro firmas Big Four rechazaron auditar Petroecuador. Las condiciones de acceso eran opacas, la independencia no estaba garantizada y no había señales creíbles de que los resultados inconvenientes se publicarían. Una auditoría externa requiere tres condiciones: acceso real sin restricciones, independencia contractual garantizada, y voluntad demostrable de publicar lo que se encuentre. Si el Estado costarricense no puede garantizar esas tres condiciones, esa incapacidad diría más sobre el Estado que cualquier informe interno jamás podría decir.

La pregunta que queda

Esta propuesta tiene límites que vale la pena nombrar. Una auditoría externa no reforma el Estado — produce los datos y la credibilidad política para que una reforma sea posible. Después de la auditoría seguirá habiendo resistencia legislativa, seguirá existiendo el candado constitucional, seguirán operando los grupos de interés que bloquearon la COREC en 1988. Lo que cambia es que esa resistencia tendrá que operar frente a datos públicos, auditados por una firma con nombre y reputación.

Una auditoría externa tampoco es una privatización ni una entrega del diagnóstico a actores que no responden ante los costarricenses. El contrato, los términos de referencia, el acceso y la publicación de resultados son decisiones del Estado costarricense. Las firmas son el instrumento, no el mandante.

La pregunta que queda no es técnica. Es fiscal y política a la vez: mientras el Estado sigue sin auditarse, alguien está pagando esa ineficiencia — y ese alguien tiene nombre en cada factura, en cada servicio que costó más de lo que produjo.